Las jornadas de movilizaciones son contra “los recortes del Gobierno regional en Educación Secundaria”.
En este momento de cambio obligado, la educación debería ocupar el primer puesto de los intereses sociales. Sin embargo, estamos comprobando, con tristeza y frustración, que no es una verdadera prioridad. Desde que el presidente del Gobierno adoptó las primeras medidas restrictivas, sus principales destinatarios fueron los funcionarios públicos y, por ende, los docentes, que vieron recortadas sus retribuciones entre un 5 y un 10 % en una decisión sin precedentes. Posteriormente, los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas redujeron sus partidas en educación en un montante superior a los 2000 millones de euros, lo que ha afectado gravemente a programas educativos y a políticas de personal. Un eslabón más en la cadena de despropósitos lo constituyó la última oferta de empleo público, cuya tasa de reposición de efectivos se fijó sólo en un 30%, con el agravante de que en algunas comunidades no se ha convocado ni una sola plaza en este año.
En este contexto, el aumento de dos horas lectivas va más allá del incremento en el horario de los profesores, ya que los centros tendrán que reducir desdobles y refuerzos, recursos para la orientación educativa, apoyos, aulas de enlace, compensatoria y todas las medidas de atención a la diversidad; un recorte que afecta sobre todo a los alumnos con más necesidades educativas, y no contribuye a la lucha contra el elevado fracaso y abandono escolar. Ello trae como consecuencia la supresión de muchos profesores interinos
En conclusión la huelga que han secundado los profesores protestan contra:
o La supresión de las tutorías y las clases de recuperación
o El aumento del ratio de los alumnos por clase
o El despido de unos 3.000 interinos, entre otros.
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